Relato del Comisario Torres: ¿Justificación, subestimación o encubrimiento?

Las recientes declaraciones del Comisario General Pablo Cristóbal Torres, Jefe de Personal de la policía de Formosa, dejan en evidencia un problema que debe ser enfrentado con la máxima responsabilidad: el uso indebido de vehículos y recursos públicos para fines personales, turisticos o tours de compras en el exterior.

Al intentar minimizar la gravedad de que dos efectivos policiales fueran detenidos en Paraguay mientras utilizaban una motocicleta oficial de la policía provincial, Torres ha expuesto una preocupante postura que ignora la responsabilidad inherente al manejo del patrimonio público y las reglas de transparencia que debe acatar toda fuerza de seguridad.

 La única "falta" de los efectivos fue salir del país sin autorización?

 

La utilización de bienes y fondos públicos, que incluye vehículos oficiales, vales de combustibles y recursos del Estado, no puede ser un privilegio para los miembros de la fuerza.

 

Resulta alarmante que, según Torres, la única "falta" de los efectivos haya sido salir del país sin autorización. Sus palabras sobre que los agentes estaban "de franco de servicio" y solo viajaban "a hacer compras" en un shopping en Asunción omiten un aspecto crucial: la utilización de bienes y fondos públicos, que incluye vehículos oficiales, vales de combustibles y recursos del Estado, no puede ser un privilegio para los miembros de la fuerza.

Este tipo de acciones no solo desdibuja la línea entre lo personal y lo institucional, sino que también se traduce en un abuso de confianza y una flagrante falta de ética en el uso de los recursos destinados al bienestar y seguridad de todos los ciudadanos.

Es inconcebible que un alto mando policial, como el Jefe de Personal, intente justificar o minimizar el hecho de que un vehículo estatal haya sido utilizado sin autorización para cruzar la frontera y realizar actividades privadas en otro país.

Las implicancias van más allá del uso inadecuado de un vehículo: señalan una actitud que favorece el aprovechamiento personal de los bienes de la institución, lo que deteriora la imagen de la policía y afecta la confianza de la comunidad en la transparencia de sus prácticas.

El mensaje que deja la intervención pública de Torres es peligroso:

¿Estamos ante una fuerza que justifica la utilización discrecional de sus recursos para fines ajenos a la seguridad pública? Las acciones de los efectivos y la justificación dada por el Comisario sugieren una falta de rigor en el cumplimiento de las normativas internas, que demandan no solo la autorización para salir del país, sino también un uso responsable de los bienes asignados para servir a la ciudadanía.

Justificar lo injustificable?

El patrimonio público no es un recurso disponible para el disfrute o el ocio personal de quienes ocupan un rol en la seguridad de la comunidad. Intentar justificar lo injustificable solo evidencia la necesidad de una revisión interna profunda para restablecer el principio de responsabilidad en la gestión de los recursos de la institución.

Las declaraciones de Torres resultan difíciles de justificar en un contexto donde el uso de vehículos oficiales para fines personales y turismo es, de por sí, una infracción al reglamento interno de la policía y de la administración pública.

La situación se agrava aún más cuando estos efectivos, sin autorización alguna, cruzaron la frontera y se desplazaron en un medio provisto por el Estado. De acuerdo con el propio Comisario, el único "agravante" sería que salieron del país sin permiso. Sin embargo, esta falta de autorización para salir de Argentina no es un detalle menor: es, de hecho, una infracción grave que pone en entredicho la transparencia y el control en las operaciones policiales.

La pregunta que queda en el aire es si estos efectivos estaban realmente en Paraguay para "hacer compras" en un centro comercial, como asegura Torres. Su justificación de que el motivo de la visita al país vecino era inocente choca frontalmente con la acusación de Basualdo, quien denunció amenazas de muerte y persecución, y dio la voz de alarma a través de redes sociales.

Por otro lado, la reacción de las autoridades, que separaron de sus cargos al jefe de la delegación de Clorinda y a otros implicados, parece mostrar que internamente se percibe la gravedad de la situación. Sin embargo, las palabras del Comisario Torres son desconcertantes para la ciudadanía, que ve cómo se trivializan los aspectos irregulares de este hecho en un intento por minimizar su impacto. La intervención pública del Comisario parece más un intento por exculpar a la institución y proteger su imagen que una auténtica acción de rendición de cuentas.

El Comando Superior deberá asumir la responsabilidad y esclarecer si estamos ante un caso de intento de atentado o de un acto imprudente y violatorio de las normas, en el que efectivos en posición de poder se toman libertades incompatibles con su rol.