Del "soy funcionario" al "somos discriminados": el vergonzoso descargo de Pablo Sosa tras patotear la Municipalidad para recuperar la moto de su hijo

El diputado Gildista Pablo Sosa intentó desvirtuar el escándalo ocurrido en dependencias de la Municipalidad de Formosa mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, en el que se victimizó y denunció haber sufrido discriminación junto a su hijo, por su pertenencia a una comunidad originaria.

Sin embargo, lejos de ofrecer una explicación detallada sobre el enfrentamiento que terminó con una denuncia por amenazas y agresiones, el legislador centró su descargo en el trato que asegura haber recibido junto a su hijo, por su condición de aborigen.

El comunicado lleva como título "¡Repudio total al destrato y a la discriminación!" y sostiene que ambos fueron víctimas de una situación humillante en la Dirección de Tránsito municipal, que le secuestro la moto a su hijo por cruzar un semáforo en rojo, sin casco, papeles, ni carnet de conducir.

"Quiero expresar públicamente mi profunda indignación por la lamentable situación que vivimos junto a mi hijo en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Formosa, donde recibimos un trato irrespetuoso que consideramos discriminatorio por pertenecer a una comunidad originaria", expresó.

Pertener a una comunidad indígena, les da derechos que otros mortales no tienen, y exigirles respeto a las normas de tránsito, puede ser considerada como discriminación por su origen étnico, su identidad cultural o su pertenencia a una comunidad indígena?.

Pero esa garantía fundamental tampoco elimina la obligación de responder por la propia conducta cuando existen denuncias de amenazas, intimidación o agresiones.

Y precisamente allí aparece el principal vacío del descargo de Sosa.

El diputado habla de discriminación, pero ¿qué ocurrió con las amenazas?

El legislador aseguró en su publicación:

"Hemos cumplido con todas las exigencias y disposiciones que nos solicitaron. Nunca pedimos favores, privilegios ni que nos regalaran absolutamente nada".

También afirmó que solamente exigieron respeto.

Sin embargo, el comunicado no ofrece una explicación específica sobre las expresiones agraviantes e intimidatorias que se escucharon al diputado en el registro audiovisual del incidente.

"No sabés con quién puta te metés, soy funcionario", es la frase que se escucha en el video difundido y que ha quedado en el centro de la controversia.

Si el legislador pronunció esas palabras contra un trabajador municipal, deberá explicar por qué consideró necesario invocar su condición de funcionario durante un procedimiento administrativo, para recuperar la moto de su hijo.

¿Cómo se concilia la afirmación de que nunca pidió privilegios con una expresión que invoca expresamente su cargo político?

No alcanza con publicar un comunicado de repudio.

Corresponde explicar qué ocurrió, porqué irrumpió violentamente y en patota y porqué pronunció las amenazas denunciadas.

"No pedimos privilegios": la afirmación que contradice los hechos

En otra parte del comunicado, Sosa sostuvo:

"Ser parte de un pueblo originario no nos hace menos que nadie. Tenemos los mismos derechos que cualquier ciudadano y exigimos un trato digno".

En eso tiene razón.

La igualdad ante la ley comprende el derecho a recibir un trato respetuoso, a no sufrir discriminación y a denunciar cualquier abuso de autoridad.

Pero también comprende la obligación de respetar las normas de tránsito y los procedimientos que se aplican al resto de los ciudadanos.

El descargo no precisa qué exigencias incumplieron, qué documentación no se presentó ni cuál fue la respuesta administrativa a la exigencia de inmediata devolución del vehículo.

Tampoco identifica las expresiones o conductas concretas que, según Sosa, constituyeron discriminación.

Denunciar discriminación es un derecho. Explicar las amenazas denunciadas es una responsabilidad. Ninguna de las dos cuestiones anula la otra.

La seguridad vial no admite excepciones por cargos políticos

La Dirección de Tránsito tiene la obligación de controlar el cumplimiento de los requisitos para circular.

El propio Orlando Ortiz había explicado públicamente que esos controles buscan prevenir accidentes y verificar la documentación obligatoria de los conductores.

Por lo tanto, el secuestro de una motocicleta no puede evaluarse exclusivamente a partir del malestar de su propietario, del cargo que ocupe o de las relaciones políticas de quienes intervengan en su defensa.

Ese análisis debe ser exactamente el mismo para cualquier vecino, sea familiar de un diputado, empleado público, militantes de El Modelo o ciudadano sin vínculos políticos.

Sosa anuncia acciones judiciales, mientras debe responder por la denuncia en su contra

El legislador cerró su publicación anunciando que iniciará actuaciones legales y judiciales para evitar que los hechos denunciados queden impunes.

Está en su derecho.

Pero también corresponde investigar la amenazas y agresiones denunciadas por Ortiz, y escuchadas en el video viralizado, preservar las grabaciones y escuchar a los inspectores que participaron del procedimiento.

La dignidad no se negocia; el cumplimiento de la ley, tampoco

El comunicado termina con una consigna:

"¡No pedimos privilegios, exigimos respeto! ¡Nuestra dignidad no se negocia!".

Es una reivindicación legítima de derechos.

Pero el debate público no puede agotarse en esa declaración.

El diputado Pablo Sosa debe precisar cuáles fueron los actos discriminatorios que denuncia y, al mismo tiempo, responder a las gravísimas denuncias por su propia actuación dentro de la Municipalidad.

La condición de integrante de un pueblo originario merece absoluto respeto, pero No debe utilizarse para desacreditar una denuncia legítima, ni convertir en irrelevantes las acusaciones de intimidación contra trabajadores públicos.