LIBERTAD DE PRENSA BAJO FUEGO: LA JUSTICIA "MILITANTE" DE FORMOSA CONDENÓ PERIODISTAS Y MILEI RESPONDIÓ CON UN INSÓLITO ATAQUE A LA PRENSA
Cuatro integrantes de "Hambre de Futuro" fueron condenados a cinco días de arresto por la Justicia de Las Lomitas después de una cobertura sobre comunidades originarias. ADEPA y FOPEA repudiaron la sentencia. Pero cuando se esperaba una defensa presidencial de la libertad de expresión frente al cuestionado fallo, Javier Milei eligió otro camino: atacó a periodistas, los llamó "basuras inmundas con micrófono" y afirmó que el episodio les había salido como un "tiro por la culata".
La libertad de prensa quedó atrapada este viernes en una escena tan insólita como preocupante.
De un lado, la Justicia de Formosa condenó a cuatro integrantes de un equipo periodístico de LA NACION/LN+ que había viajado al oeste provincial para documentar las condiciones de vida de comunidades originarias.
Del otro, el presidente Javier Milei, que tantas veces denunció los abusos de poder y cuestionó el funcionamiento institucional de Formosa, decidió no concentrar su reacción en la condena judicial.
Eligió atacar a la prensa.
El resultado es una paradoja difícil de ignorar: mientras entidades periodísticas nacionales cuestionan una sentencia por considerar que afecta garantías elementales de la libertad de expresión, el Presidente respondió utilizando el episodio para profundizar su enfrentamiento con periodistas y medios de comunicación.
FORMOSA: DE LOS SEGUIMIENTOS DENUNCIADOS A UNA CONDENA JUDICIAL
La historia comenzó mucho antes de la sentencia.
En septiembre de 2025, el equipo de "Hambre de Futuro" viajó a Formosa para realizar una serie de informes sobre comunidades originarias.
Los periodistas denunciaron entonces haber sido identificados por policías provinciales, fotografiados, vigilados y seguidos por vehículos durante sus desplazamientos.
También relataron que terminaron retenidos durante aproximadamente dos horas en un procedimiento policial originado en una denuncia cuya autenticidad y circunstancias cuestionaron públicamente.
Un año después llegó la consecuencia judicial.
El juez de Paz de Las Lomitas Omar Padilla condenó a Lautaro Guillamondegui, Micaela Urdinez, Joaquín Rajadel y Javier Corbalán a cinco días de arresto, sustituibles por una multa de $282.550 para cada uno.
La sentencia los consideró responsables de infringir el artículo 73 del Código de Faltas provincial.
Pero uno de sus argumentos encendió una alarma mucho mayor: la supuesta falta de una credencial habilitante para ejercer el periodismo.
ADEPA: EN ARGENTINA NO SE NECESITA PERMISO DEL ESTADO PARA SER PERIODISTA
La reacción de ADEPA fue contundente.
La entidad expresó su "profunda preocupación y rechazo" y calificó como especialmente preocupante que una controversia vinculada con una actividad periodística terminara con una sanción contra quienes estaban realizando una tarea informativa.
Además, recordó una cuestión constitucional básica:
en la Argentina no se necesita licencia, matrícula ni autorización estatal para ejercer el periodismo.
ADEPA también destacó que, según surge del propio fallo, los periodistas habían sido inicialmente autorizados a ingresar y realizar entrevistas y posteriormente se retiraron cuando se les solicitó.
La organización pidió que el criterio judicial sea revisado y advirtió sobre el riesgo de transformar una credencial en un mecanismo estatal para determinar quién puede investigar, preguntar o informar.
FOPEA también expresó su "firme rechazo" a la sentencia y alertó sobre la criminalización de la actividad periodística.
Y ENTONCES APARECIÓ MILEI
Frente a semejante escenario podía esperarse que el Presidente concentrara su cuestionamiento en la actuación de las instituciones formoseñas.
Pero ocurrió exactamente lo contrario.
Milei publicó:
"TIRO POR LA CULATA".
Y continuó:
"Aquí el modelo por el que las basuras inmundas con micrófono suspiran a diario y por el que trabajan de modo tan intensamente".
Luego acusó a sectores periodísticos de hacerles "el juego a los corruptos de la alta política y sus amiguitos golpistas".
La publicación resulta particularmente llamativa por el contexto.
No estaba reaccionando simplemente a una editorial adversa.
No estaba contestando una crítica económica.
No estaba respondiendo a una encuesta.
Estaba reaccionando a una noticia sobre cuatro periodistas condenados judicialmente después de haber realizado una cobertura periodística .
EL PRESIDENTE PODÍA CUESTIONAR A LA PRENSA SIN MINIMIZAR EL PROBLEMA DE FONDO
Milei tiene exactamente el mismo derecho que cualquier ciudadano a cuestionar a los medios.
Puede discutir una cobertura.
Puede señalar contradicciones.
Puede denunciar tratamientos informativos que considere sesgados.
Puede responder políticamente.
La libertad de expresión también protege al Presidente.
Pero aquí existe una diferencia institucional elemental: Javier Milei no es solamente un usuario de X. Es el Presidente de la Nación.
Y frente a una controversia donde cuatro trabajadores de prensa fueron condenados por la Justicia provincial, la discusión central debería ser si se respetaron las garantías constitucionales que protegen la libertad de expresión.
El enfrentamiento político de Milei con determinados medios no debería borrar esa cuestión.
UNA CONTRADICCIÓN DIFÍCIL DE EXPLICAR
Existe además una contradicción política evidente.
El propio espacio libertario ha cuestionado reiteradamente durante los últimos años el funcionamiento institucional del gobierno formoseño.
Dirigentes nacionales y provinciales de La Libertad Avanza han denunciado concentración de poder, falta de alternancia y persecución política.
Sin embargo, cuando cuatro periodistas terminaron condenados por una Justicia provincial cuestionada por las principales entidades periodísticas del país, el Presidente eligió dirigir su artillería contra los propios periodistas.
Una cosa no obliga a Milei a simpatizar con LA NACION.
Tampoco a renunciar a sus críticas contra determinados periodistas.
Pero defender la libertad de prensa significa defenderla también cuando quien enfrenta una restricción es un medio que publica cosas que incomodan al Gobierno nacional.
Ahí está precisamente la prueba democrática.
NI INSFRÁN PUEDE DECIDIR QUIÉN ES PERIODISTA NI MILEI DEBERÍA CONVERTIR AL PERIODISMO EN ENEMIGO
Este episodio deja una enseñanza incómoda para ambos lados del poder.
La Justicia formoseña debe explicar cómo una cobertura periodística terminó con cuatro personas condenadas y por qué apareció entre los argumentos la ausencia de una credencial cuya obligatoriedad es cuestionada por las entidades nacionales de prensa.
El gobierno provincial debe responder por los seguimientos, controles e intimidaciones denunciados por los periodistas durante aquella cobertura.
Y Milei debería explicar por qué, frente a ese escenario, su reacción principal fue insultar a periodistas.
No son situaciones idénticas ni tienen la misma gravedad institucional.
Una sentencia judicial que puede restringir el ejercicio periodístico tiene consecuencias jurídicas concretas. Un ataque verbal presidencial pertenece a otro plano.
Pero ambas situaciones colocan a la prensa en una posición preocupante: en un extremo, frente al poder estatal provincial; en el otro, convertida discursivamente en adversario desde la máxima autoridad nacional.
LA LIBERTAD DE PRENSA NO PUEDE DEPENDER DE QUIÉN SEA EL PERIODISTA
Este debería ser el punto donde desaparezcan las camisetas políticas.
No existe libertad de prensa "libertaria".
No existe libertad de prensa "peronista".
No existe libertad de prensa solamente para medios amigos.
La libertad de expresión sirve precisamente para proteger a quien pregunta aquello que el poder no quiere responder.
Por eso resulta preocupante que en Formosa una investigación sobre pobreza y comunidades originarias haya atravesado denuncias de seguimientos policiales, una actuación contravencional y finalmente una condena judicial.
Y resulta igualmente cuestionable que el Presidente haya encontrado en ese episodio una oportunidad para celebrar un supuesto "tiro por la culata" y volver a insultar al periodismo.
DOS PODERES, UNA OBLIGACIÓN DEMOCRÁTICA
Gildo Insfrán gobierna Formosa.
Javier Milei gobierna la Nación.
Tienen historias, responsabilidades, competencias y posiciones políticas completamente diferentes.
Pero existe una obligación que alcanza a cualquier gobernante democrático:
tolerar una prensa que incomoda.
Los periodistas pueden equivocarse.
Pueden ser cuestionados.
Pueden recibir críticas severas.
Y, naturalmente, deben responder ante la ley si cometen delitos como cualquier ciudadano.
Lo que no puede ocurrir es que el poder estatal transforme la investigación periodística en una actividad sometida a autorizaciones discrecionales.
Tampoco contribuye a una discusión democrática que desde la Presidencia se responda a un caso de periodistas condenados calificando a trabajadores de prensa como "basuras inmundas con micrófono".
La verdadera defensa de la libertad de expresión comienza cuando hay que defender el derecho a informar de alguien con quien uno está profundamente en desacuerdo.
FORMOSA DEBE EXPLICAR EL FALLO; MILEI, SU RESPUESTA
La controversia deja entonces dos preguntas distintas.
Para Formosa:
¿Cómo terminó una cobertura periodística con cuatro trabajadores de prensa condenados a cinco días de arresto?
Y para Milei:
¿Por qué, frente a una sentencia cuestionada por ADEPA y FOPEA, el Presidente eligió atacar a los periodistas en lugar de poner en primer plano la defensa de su derecho constitucional a informar?
Ninguna pelea política debería impedir formular ambas preguntas.
Porque la libertad de prensa no se defiende según quién gobierne, quién publique o a quién perjudique una investigación.
Se defiende siempre.
