¿Un ataque de la política ultraliberal o una banda organizada para hacerse de fondos públicos?
Mientras algunos observan como una ofensiva política de un plan ultraliberal contra las Cooperativas de Trabajo, otros consideran que lo resuelto recientemente por la gestión de Marcelo Collomb al frente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social no es otra cosa que poner la casa en orden.
La medida apunta a limpiar el padrón nacional de varios miles de organizaciones que se inscribieron y que no volvieron a dar señales de vida, incumpliendo la normativa vigente. La mayoría de las que hoy se consideran "perseguidas" nunca realizó asambleas ni presentó balances.
Otras fueron inventadas para recibir subsidios del Estado o ser parte de los programas sociales que utilizaron la figura de Cooperativas para brindar contraprestaciones. Así comenzaron a proliferar miles de nuevas entidades condenadas a fracasar desde su propia creación.
¿Es lógico o aceptable que quienes recibieron fondos públicos millonarios no cumplan con las obligaciones institucionales que requieren la propia ley y la autoridad de aplicación?.
Como ejemplo, podemos observar dentro de estos listados a la novata Cooperativa de Trabajo Pichuco, cuya matrícula fue otorgada en 2022. Antes de cerrar la gestión anterior, el INAES le tiró 40.000.000 de pesos para la compra de "equipamiento para la producción audiovisual de luz y sonido". ¿Y a qué se dedica supuestamente la nueva Coope? A brindar servicios al "Torquato Tasso", cuya explotación está en manos de Agustina Albistur, hija del ex secretario de Medios del kirchnerismo Enrique "Pepe" Albistur, propietario del departamento de Puerto Madero que habitaba Alberto Fernández antes de llegar a la presidencia, y casado con Victoria Tolosa Paz, última Ministra de Desarrollo Social y actual diputada. ¿Tenemos que seguir ahondando con los pormenores del tema? Estos fondos fueron dirigidos a sostener un negocio privado, que funciona en la sede de una Mutual centenaria.
Otro ejemplo es la Cooperativa Universo Audiovisual, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, que obtuvo su matrícula en noviembre 2022, creada por un grupete de siete amigos y amigas. A los pocos meses, para iniciar sus tareas, recibió 20.000.000 de pesos del INAES y también solicitó apoyo económico del Instituto del Cine. Su presidenta Casiana Battista trabajó en videos para los candidatos del Movimiento Evita. Pero en sólo un par de meses, el subsidio de 20 palos anterior fue ampliado en 20 palos más. Ahora la observamos en la lista negra de incumplidores de la normativa vigente.
La Cooperativa La Soñadora, cuyo domicilio declarado es en el exclusivo edificio de oficinas del Shopping Las Toscas en Canning, provincia de Buenos Aires, ligó $ 18.000.000 de fondos públicos para ampliar el número de asociados. Nunca presentó documentación institucional al INAES.
¿Dónde fue a parar la plata que recibieron estas entidades? ¿Quién responde por estos fondos públicos? Y los ejemplos son innumerables: la Cooperativa CRIMAX de la localidad bonaerense de Avellaneda recibió $ 30.000.000; la Cooperativa ARMEPAM otros $ 15.000.000; la Cooperativa La Culpina ligó $ 20.000.000; la Cooperativa para Productores Rurales Leandro Alem recibió $ 19.100.000 para procesamiento de leche; todas integrantes de la lista de "entidades perseguidas" por incumplir sus obligaciones.
¿Quiere que sigamos con más ejemplos? ¿Qué pasó con la plata? ¿Hay quienes pueden hablar de la persecución de un gobierno ultraliberal? La Cooperativa cordobesa UPA Limitada ligó $ 15.000.000; la Cooperativa Patagonia Sur de Trelew unos $ 15.000.000; la Cooperativa Megafón Producciones otros $ 20.000.000; la Cooperativa La Soñadora con sede en la localidad de Ezeiza recibió 18.000.000; la Cooperativa de Trabajo "Desde abajo Liberados" 20.000.000 para la compra de un vehículo; etc., es agotador seguir con más detalles.
ARGUMENTOS DEL GOBIERNO
Entre los argumentos que esgrime el Gobierno para avanzar con la motosierra, remarca que el padrón aumentó un 138% en los últimos cuatro años –pasó de 9.978 a 23.836–, que el 70 % de las entidades no presentó balances ni asambleas, que el 22% repite asociados, que el 20% utilizó la misma casilla de correo electrónico y que el 9% usó el mismo domicilio. "Resulta sorprendente que los argentinos hayamos financiado durante tanto tiempo instituciones que no tenían la mínima certificación de legalidad", sostuvieron los funcionarios.
¿Es ilegal ser asociado a varias entidades? En absoluto. Pero al tratarse de Cooperativas de Trabajo es humanamente imposible que la persona brinde su trabajo en tantas organizaciones.
¿Quiénes responderán por esta mala praxis? Dato ilustrativo: muchos de los que integran hoy el Directorio del INAES son los mismos que les otorgaron la matrícula a estas organizaciones, luego le dieron subsidios y ahora deciden sancionarlas.
