Política económica
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Política económica

El crédito es indispensable para un normal desenvolvimiento del proceso económico y social.

Con motivo de acciones tomadas por autoridades del Banco Central, autónomo, sin controles del Estado, la creación de dinero bancario crece sin límites y se usa para especular contra la República y obtener ganancias exorbitantes que no tributan ningún impuesto al Estado, situación injusta y perjudicial al país, a nuestra sociedad, a la economía, a la independencia nacional. Trabajamos todos para los Banqueros. Ni Presidente, ni Jueces, ni el Parlamento, nadie controla al Banco Central y los banqueros especulan cobrando tasas de interés escandalosas, récord en el mundo.

La emisión monetaria Estatal es beneficiosa cuando se destina a promover inversión productiva. En cambio la creación de dinero por los Bancos a partir de los saldos en las cuentas corrientes de particulares y del propio gobierno, potenciado en su crecimiento por medio de altísimos intereses que cobran los Bancos especuladores al propio Estado, cada vez más endeudado, crea fortunas. Ese Poder debe ser controlado y orientado el Crédito para Inversión que mejore de la productividad y aumente la producción nacional competitiva, una forma de evitar la especulación que provoca Inflación.

Hay que levantar el Encaje y limitar el poder al Sector Financiero que actúa como si fuese el dueño de la renta nacional y los argentinos sus súbditos.

Hasta el Gobierno de Menem la mayoría de los Bancos pertenecían al Estado Nacional o las Provincias, después pasaron a manos de testaferros y líderes del sector financiero aliados de la corrupción política.

La situación actual es que el crédito es inaccesible al emprendedor y los asalariados, siendo los intereses propios de la codicia del Poder Financiero que domina en la Argentina.                                   La inflación perjudica a toda la sociedad para beneficio exclusivo de los banqueros. La Soberanía política es una bandera olvidada y pisoteada por quienes decían sostenerla. La Justicia carece de leyes que posibiliten su accionar en el ámbito financiero.

El Estado nacional, provincial y municipales aumentan impuestos y crean injustas retenciones y percepciones que dañan al contribuyente por no tener en cuenta ese sistema a la capacidad contributiva, cobran anticipadamente de más del capital de evolución del contribuyente y agravan la crisis del comercio. Se producen saldos a su favor del contribuyente, por ejemplo en la Dirección de Rentas provincial, una injusticia agravada por el temor al abuso de posición dominante del funcionario.

El desarrollo económico será el resultado de medidas que devuelvan la confianza y promuevan la eficiencia en la gestión administrativa del Estado.

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