08/05/2019
Condenan a 3 años de prisión al conductor de camioneta que atropelló y mató a 3 jóvenes
Policiales

Condenan a 3 años de prisión al conductor de camioneta que atropelló y mató a 3 jóvenes

El conductor del vehículo, Diego Torres, de 30 años, fue encontrado autor material y penalmente responsable del delito de triple homicidio culposo por conducción negligente de un automotor, agravado por ser más de una las víctimas fatales.
La Justicia condenó a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación para conducir vehículos por el término de 3 años, al joven que manejaba la camioneta Ford Ranger que el 17 de setiembre de 2017 atropelló y mató en el acceso a colonia Pastoril a los hermanos Gustavo y Patricio Céspedes y a Eduardo Alan Sbardella.
El conductor del vehículo, Diego Torres, de 30 años, fue encontrado autor material y penalmente responsable del delito de triple homicidio culposo por conducción negligente de un automotor, agravado por ser más de una las víctimas fatales, previsto en el artículo 84 bis segundo párrafo del Código Penal.
Sin embargo, jugó a favor de Torres al momento que los jueces de la Cámara Segunda le aplicaron el monto de la pena, la existencia de culpa de parte de las jóvenes víctimas ya que desarrollaron una conducta imprudente al ingresar a la ruta sin tomar la debida precaución que los obligaba a avizorar el estado del tránsito para detener su marcha, desplazándose además sobre un motovehículo no preparado para el traslado de 3 personas, ya que ello acarrea no sólo la pérdida de dominio sino la consecuente lentitud en su andar (peso).
El fallo 11.291 fue leído por el presidente del Tribunal, doctor Ricardo Rojas, que estuvo acompañado por el juez Arturo Lisandro Cabral, en una audiencia pública realizada en el 5.º piso del edificio de Tribunales, a la que también asistieron la fiscal Norma Zaracho, quien había solicitado para Torres una pena de 6 años de prisión, el abogado de las familias de las víctimas, Jorge Pessolano, y los defensores del condenado, José y Francisco Giménez, que habían requerido la absolución del detenido.
 
El hecho
 
Este luctuoso hecho ocurrió cuando Torres se encontraba al mando de su camioneta Ford, circulando por la ruta provincial 2 y al llegar a la intersección con la avenida Néstor Kirchner, en el acceso a la zona urbana de colonia Pastoril, embistió a la moto Konisa 110 que intentaba trasponer la ruta, conducida por Gustavo Céspedes, de 18 años, quien llevaba como acompañante a su hermano Patricio Sebastián, de 13 años, y a un amigo de ambos, Alan Sbardella de 14 años. Como consecuencia del impacto fallecieron en forma instantánea por las gravísimas lesiones sufridas.
El fallo judicial, que tiene los votos coincidentes de sus tres jueces, Rojas, Cabral y María Nicora Buryaile, sostiene que quedó acreditada la responsabilidad de Torres en el siniestro vial en base a las pruebas reunidas a lo largo del proceso: Testigos, peritajes y evidencias reunidas en el lugar de los hechos.
Al haber discrepancias entre los peritos en cuanto a la velocidad que desarrollaba la camioneta, el voto de la mayoría consideró que no resulta factible que haya desplegado la velocidad de 148 km/h al momento del impacto, y que luego de hacer una maniobra evasiva y reventar la rueda delantera derecha, no hubieran salido despedidos los 4 ocupantes que iban en la caja de la camioneta, por lo que aplicando el principio que la duda favorece al imputado, se inclinaron por la velocidad de 78 km/h determinada por el perito César Martínez, que igualmente excede el límite legal de 60 km/h.
Los jueces reconstruyeron el caso indicando que la camioneta circulaba por la ruta 2 y pasando por el acceso a colonia Pastoril, a 78 km/h, a una distancia de 100 metros de la avenida Kirchner, Diego Torres observó la moto conducida por Gustavo Céspedes, en la que transportaba a su hermano Patricio y Eduardo Sbardella, y les tocó bocina en lugar de frenar, y mientras los jóvenes continuaban el cruce de la ruta, intentó esquivar la moto que ya estaba sobre la mano contraria (sentido Oeste – Este) donde se produjo la colisión y resultaron muertos sus tres ocupantes.
“La responsabilidad de Torres se deriva de haber circulado a una velocidad superior a la permitida y haber impactado a la moto cuando ésta ya estaba atravesando la ruta. Las reglas de prioridad están establecidas para situaciones en las que ambos vehículos no han ingresado al cruce de las arterias, y en nuestro caso, la motocicleta ya había ingresado a la encrucijada y al momento del impacto había atravesado la mitad de la ruta. Asimismo, de haber accionado los frenos al momento de advertir que la moto comenzó el cruce, la distancia le hubiera permitido a Torres detener su camioneta y lograr que la moto terminara el cruce de la ruta”, sostuvo el juez Rojas en su voto, con el que coincidieron sus pares Nicora Buryaile y Cabral.
El fallo advierte que resulta innegable que hubo culpa de parte de las jóvenes víctimas ya que desarrollaron una conducta imprudente al ingresar a la ruta sin tomar la debida precaución.
La jueza Nicora Buryaile afirmó en su voto que a su juicio resulta indubitable, que de haber conducido el día del hecho el acusado Torres a la velocidad reglamentaria –60km/h– el resultado muerte de los tres jóvenes no se hubiera verificado, ya que hubiera tenido la certera posibilidad de frenado para evitar colisionarlos, pese al ingreso intempestivo a la ruta de los jóvenes, que por otra parte, ya habían sido por el visualizados a unos 200 metros, según el testimonio de su acompañante Roberto Romero. 
En cuanto al estado del conductor, las pruebas acreditaron una alcoholemia (sangre) con un valor hallado de 0,17 g/l49 y alcoholuria (orina) de 0,43 g/l, sin que incluso la alcoholemia retrospectiva, alcanzaron para adjudicarle a Torres embriaguez en el manejo, circunstancia que incidió al momento de definir el encuadre jurídico, así como la concurrencia de culpa (victimario y víctimas) suscitada en el caso, que si bien no lo exime de su accionar responsable, el Tribunal tuvo en cuenta para morigerar la pena impuesta al acusado.
 
A favor del acusado
 
En cuanto a la sanción de 3 años en suspenso aplicada a Torres, los jueces dijeron que debe considerarse a favor su condición de primario en el delito ante la falta de antecedentes condenatorios anteriores en su contra y la concurrencia de culpa –verificada en el caso– por parte de los jóvenes víctimas, sin que pueda utilizarse en su detrimento para incrementar la cuantía mínima imponible, las situaciones agravantes ya tomadas en cuenta por el legislador (pluralidad de víctimas y exceso de velocidad) por cuanto ello importaría una doble valoración de las mismas circunstancias.
La fiscal de Cámara había justificado la pena de 6 años de prisión requerida en la velocidad que creyó desplegada (agravante que excede en más de 30 km/h el máximo permitido), la extensión del daño causado, que se trata de tres víctimas y haber consumido alcohol durante el almuerzo.
Sin embargo, el fallo advierte que se estableció la velocidad a 78 km/h, por lo que tal agravante invocado por la fiscal resulta inaplicable. 
Tampoco puede ser tenido en cuenta para cuantificar el monto de la sanción a aplicar la situación de ser tres las víctimas, lo cual no puede trasladarse de modo automático a Torres, toda vez que ello implicó una violación de las normas de tránsito, ya que la motocicleta está preparada para el transporte de dos personas como máximo, y el hecho de haber aceptado trasladar a un tercer ocupante, tampoco puede ser tenido en cuenta para justificar un agravamiento de la pena más allá de ingresar en la agravante por ser más de una las víctimas fatales. 
“El haber consumido alcohol al no estar fuera del límite permitido por la norma (1 gramo de alcohol por litro de sangre) tampoco puede ser tenido en cuenta como agravante”, agrega el fallo.
En la misma sentencia, el Tribunal declaró inadmisible el planteo de inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 84 bis, del Código Penal, formulado por la defensa del enjuiciado Diego Torres.
Una vez finalizada la lectura, el condenado Diego Torres fue liberado, quedando sujeto al régimen del patronato de liberados y excarcelados.
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