La pirámide jurídica invertida
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La pirámide jurídica invertida

Los recientes despidos de empleados de la Legislatura mediante simples disposiciones dictadas por un prosecretario administrativo, derrumbó el derecho a la estabilidad dispuesto en el Art. 14 bis de la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre DDH incorporados, logrando la convalidación implícita de una jueza que se declaró “incompetente” para atender las demandas de amparo prevista en el Art. 43 de la Ley Suprema, haciendo prevalecer un decreto de la Dictadura Militar del año 1978, con total desprecio a las fuentes, finalidades, interpretación y aplicación de normas de superior jerarquía impuestas en los Arts. 1 y 2 del Código Civil vigente.

 

Se trata de un exabrupto jurisdiccional que constituye un “nonato jurídico” (nacido muerto), sirviendo tal vez para averiguar si las declaraciones de “incompetencia” es un pretenso acto judicial o una confesión institucional de inidoneidad para impartir justicia respetando la ley.

Transcurrieron 25 años desde que se produjo la Reforma Constitucional y en Formosa todavía continúan silenciados los debates sobre el Nuevo Derechos vigente: “El Derecho de los Derechos Humanos con la incorporación por el Art. 75, inc. 22, de los Tratados Internacional en la materia, legalidad Supranacional a partir de una epistemología distinta y contraria al Antiguo Derecho Argentino, de origen romanista”.

Es incompatible hacer una lectura del Nuevo Derecho emergente de los Tratados, Pactos y Convenciones, con los tradicionales códigos hermenéuticos del derecho clásico porque se bastardean los derechos humanos que tienen por finalidad poner límites a los abusos del poder de los Estados.

Se trata de dos concepciones ideológicas, éticas y jurídicas, contradictorias entre sí, que inevitablemente se expresan en diferentes interpretaciones del derecho actuado, civil, penal, público y privado, según se puso en evidencia a partir del fallo de la Corte Suprema en el caso “Giroldi Horacio” en el año 1995, ejemplificativo del conflicto interpretativo entre dos derechos con base ideológica y jurídica diferentes.

A propósito, importa recordar una fecha histórica inicial que evidencia la responsabilidad del Derecho, y los jueces, en la interminable decadencia argentina. El 6 de setiembre de 1930 se produce el primer Golpe de Estado y fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que legalizó la interrupción institucional con la tristemente célebre “doctrina de la continuidad jurídica del Estado”, legitimando a la Fuerza como gestora de la ley, con proyecciones nefastas durante todo el siglo XX en el pensamiento jurídico argentino, admitiendo la validez de bandos militares por encima de la Constitución hasta llegar al Estado terrorista entre 1976 a 1983, con genocidio incluido, invocando una supuesta “Filosofía del Proceso” como fundamento ideológico de la mayor tragedia de la historia argentina. Precisamente de esta época es la legislación vigente en Formosa, teniendo como “nave insignia” al Decreto 749/78 reglamentario de la acción de amparo nada menos, dictada por el Gral. Colombo invocando autorización de la Junta Militar integrada por el Gral. Videla, el Almirante Massera y el Brigadier Agosti. Muestra impúdica de legislación cavernícola aplicada hasta hoy en Formosa.

A su vez el Derecho Argentino de la Democracia tiene su expresión constitucional en los Arts. 36 (nulidad insalvable de todos los actos de fuerza, inhabilitación a perpetuidad de los autores y colaboradores, con la sanción correspondiente a los infames traidores a la patria, y asimilando las acciones de los corruptos a los delitos de lesa humanidad, declarando imprescriptibles los mismos); 43 (acción de amparo contra todo acto u omisión de autoridad pública); 75, inc. 22 (incorporación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía superior a las leyes).

No se tratan de derechos simplemente literarios o poéticos, sino de normas plenamente operativas de aplicación obligatoria.

Es más, hasta la legitimidad del voto popular puede caer por imperio de la Legalidad Supranacional de los Derechos Humanos como ocurrió en el caso del Gral. Antonio Bussi electo Diputado nacional en el año 2002, a quien el Parlamento le niega incorporación por aplicación de dicha legalidad.

En consecuencia, en la cúspide normativa argentina se encuentra la Constitución Nacional con la incorporación de los Tratados Internacionales por el Art. 75, inc. 22.

En el segundo nivel de esta pirámide trunca, se encuentra la llamada supralegalidad infraconstitucional, formado por los demás Tratados, Pactos y Convenciones suscriptos por el país, y que no fueron nominados en el Art. 75, inc. 22, como por ejemplo la “Convención Interamericana contra la Corrupción y el Lavado de Dinero”.

En el tercer nivel se encuentran los Códigos de fondo (civil, penal, comercial).

En el cuarto nivel se halla la legalidad procesal federal y provincial.

Esta es en la actualidad, la forma y el contenido que tienen la Pirámide Jurídica de Kelsen, traduciendo con exactitud los nuevos paradigmas del Derecho Argentino Democrático.

Todos los poderes del estado, y en particular los jueces, deben poner fin a la subversión y corrupción producida a dicha Pirámide Jurídica con leyes, decretos, ordenanzas, acordadas, normas procesales, resoluciones, disposiciones y con varios artículos de la Constitución Provincial inclusive, haciendo prevalecer la Constitución Nacional; de lo contrario, los formoseños continuaremos padeciendo en una democracia mutilada donde los derechos que nos sacan seguirán siendo los dolores que nos dejan en un paisaje institucional brumoso en el cual se extravía el Estado de Derechos.

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