El Gobierno presentará un escrito contra Eugenio Zaffaroni, ex juez de Videla
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El Gobierno presentará un escrito contra Eugenio Zaffaroni, ex juez de Videla

Con la misiva el ministro de Justicia Germán Garavano pedirá limitar la actuación del ex juez de la Corte, designado ya por el expresidente Jorge Rafael Videla, el 30 de abril de 1976, tras sus dichos contra el presidente Mauricio Macri.

Cuando vuelva del retiro espiritual que encabezará hasta el sábado el Presidente, el ministro de Justicia Germán Garavano se reunirá con sus asesores y pulirá la presentación que hará la próxima semana contra el ex juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni, quien reiteró su deseo de que Mauricio Macri se vaya "lo antes posible" de su cargo. Aunque, en rigor, ya está casi lista. Clarín accedió a la nota en la que trabajaron en el edificio de calle Sarmiento.

En algunos tramos es muy dura contra las palabras del ex juez dela Corte. "Las manifestaciones públicas del juez Zaffaroni han violado estas claras y mínimas obligaciones de ética judicial comprometiendo su autoridad moral e indirectamente la del tribunal", se lee en la misiva.

A sabiendas de que, tal como publicó este diario, desde la Corte Interamericana dejaron trascender que el tribunal evitará pronunciarse, y que el proceso de remoción de los magistrados es complejo, Garavano presentará lo que en el Ministerio de Justicia plantearon como una "recusación": esto es que el jurista se abstenga de intervenir en una Opinión Consultiva que meses atrás llegó al tribunal.

Las Opiniones Consultivas, establecidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 64, son interpretaciones jurídicas que le puede pedir a la Corte Interamericana un Estado miembro de la organización o la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

DECLARACIONES ANTIDEMOCRATICAS

En efecto, luego de las declaraciones del magistrado a las que calificó como "antidemocráticas", el Gobierno quiere que Zaffaroni se abstenga de intervenir en una Opinión Consultiva que en octubre pasado la CIDH hizo llegar a la Corte para que haga "una interpretación sobre la figura del juicio político o impeachment para separar del cargo presidentes democrática y constitucionalmente electos" en la región.

En su presentación, la CIDH citó los casos de destituciones de distintos mandatarios, como "la ruptura del orden constitucional en Honduras", en 2009, que marcó el final del gobierno de Manuel Zelaya; y las destituciones del paraguayo Fernando Lugo y de la brasileña Dilma Rousseff. Y recordó que ha "alertado y expresado su preocupación por el riesgo que tales situaciones pueden implicar para el pleno ejercicio de los derechos humanos en un Estado democrático".

En ese sentido, consultó a la Corte Interamericana respecto al "alcance de la aplicabilidad de las garantías del debido proceso, del principio de legalidad y del derecho a la protección judicial en dichos contextos".

Para la Comisión, esa "Opinión Consultiva" tendrá "un impacto positivo en el desarrollo de la jurisprudencia interamericana en materia de la estrecha relación que existe entre la vigencia de las instituciones democráticas y el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos".

Para el Gobierno, tras sus declaraciones en las que pidió que Macri se vaya "antes" y hasta propuso que sea sometido "a juicio político, ya que es constitucional", Zaffaroni debería abstenerse de intervenir. "La República Argentina plantea como cuestión preliminar la recusación del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni para intervenir en su emisión por las razones y fundamentos que se exponen en el presente escrito" dice en el inicio la nota que elaboró Garavano.

 

COMPORTAMIENTO

Además, el Gobierno recuerda que por reglamento un juez de la Corte "se comportará siempre de forma que preserve la dignidad de las funciones jurisdiccionales y la imparcialidad e independencia de la judicatura". "Son estos últimos principios los que precisamente la Argentina considera que no son observados por el doctor Zaffaroni, lo que lo hace incurrir en la causal de impedimento para participar en la emisión consultiva y para ocupar el alto cargo de juez de ese honorable tribunal", considera.

"Con sus expresiones -agrega la nota- ha evidenciado su alejamiento de los principios del sistema republicano y democrático de Gobierno".

"Este es un paso previo a pedir su remoción", indicaron desde el Ministerio de Justicia. En otras palabras, apuestan a desgastarlo. Igual, en el escrito, el Gobierno también plantea, aunque sin demasiada expectativa, que la Corte evalúe la posibilidad de remover a Zaffaroni. "La recusación y pedido de apartamiento se fundamentan en la clara falta de compromiso con los valores democráticos puesta de manifiesto a través de sus declaraciones públicas y en haber anticipado su opinión en relación a las cuestiones involucradas en la Opinión Consultiva de referencia", remarca.

"Es inadmisible que quien detenta el cargo de magistrado de la Corte se permita manifestar públicamente que desearía una finalización anticipada del mandato presidencial. Por ello se ha sostenido que ´en ciertos casos si bien las expresiones de un juez no se encuentran conectadas con sus funciones oficiales, sus visiones personales pueden ser una razón para considerar que el juez no está capacitado para llevar cierto tipo de casos", concluye. Y advierte que "preocupa especialmente al Estado argentino que las inapropiadas declaraciones de Zaffaroni puedan dañar la imagen del tribunal que integra".

No obstante, el proceso es complejo, ya que los jueces son electos -y removidos- por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. Incluso ya será difícil para el Gobierno que la Corte Interamericana acepte el pedido de "recusación" que hará Garavano. Es que, según el artículo 19 del Estatuto del tribunal, que habla de las causas de "Impedimento, Excusas e Inhabilitación", el caso Zaffaroni encuadraría sólo con el inciso 3, que dice: "Si el Presidente (de la Corte) considera que alguno de los jueces tiene causal de impedimento o por algún otro motivo calificado no deba participar en determinado asunto, así se lo hará saber. Si el juez en cuestión estuviere en desacuerdo, la Corte decidirá".

 

RESPONSABILIDADES

Pero el Gobierno apuesta a que el presidente del tribunal, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, tenga en cuenta las "responsabilidades" que se les reclama a los jueces en el artículo 20: "Los jueces y el personal de la Corte deberán observar, dentro y fuera de sus funciones, una conducta acorde con la investidura de quienes participan en la función jurisdiccional internacional de la Corte".

Por lo pronto, Zaffaroni ya avisó que, pese a la insistencia del Gobierno, no va a renunciar. Tiene mandato hasta 2022 ya que asumió en enero de 2016, y el estatuto de la Corte, que está compuesta por siete magistrados, prevé un período de 6 años el cargo y con la posibilidad de sólo una reelección.

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