06/12/2017
La Corte Suprema ordenó que Milagro Sala sea beneficiada con la prisión domiciliaria
Politica

La Corte Suprema ordenó que Milagro Sala sea beneficiada con la prisión domiciliaria

El máximo tribunal dictaminó que debe cumplirse con el fallo de la CIDH, pero rechazó que la líder de la Tupac Amaru tenga inmunidad por ser parlamentaria del Mercosur.

La Corte Suprema de Justicia confirmó por unanimidad la prisión preventiva de Milagro Sala, pero los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena HightonJuan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti ordenaron que se cumpla con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la prisión domiciliaria. Carlos Rosenkrantz, en tanto, votó por remitir la causa para que se pronuncien los tribunales inferiores sobre lo ordenado por el tribunal interamericano.

De esta forma, quedó firme el fallo del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, que convalidó la prisión preventiva de la dirigente social, ordenada por existir riesgo de obstaculización del proceso en el que se le imputó la comisión de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefa, fraude a la administración pública y extorsión.

En su recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema, la defensa de Sala sostuvo que su detención preventiva era "arbitraria", alegando que no había elementos para justificar la existencia de riesgo procesal. En su decisión, el máximo tribunal del paísdescartó este cuestionamiento y consideró que está "justificada" la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy de convalidar la restricción de su libertad.

Sin embargo, la Corte Suprema requirió a las autoridades judiciales a cuya disposición está detenida Sala que, "con urgencia", se cumpla con la decisión dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 23 de noviembre, que resolvió que debe sustituirse la prisión preventiva por la medida alternativa de arresto domiciliario o por cualquier otra medida menos restrictiva.

El máximo tribunal afirmó que el fallo de la CIDH "impone a la Corte Suprema como órgano supremo de la organización judicial argentina la obligación de adoptar las medidas conducentes, que, sin menoscabar las atribuciones de otros poderes, tienden a sostener la observancia de la Constitución Nacional".

La semana pasada Sala comenzó a enfrentar un nuevo juicio en su contra por supuestas amenazas. La dirigente social está acusada de realizar una serie de llamados intimidatorios a la jefa de la comisaría 56 de la ciudad de Jujuy diciendo que iba a poner una bomba en el lugar, ya que allí estaba detenida la hija de una integrante de su organización.

La primera audiencia se realizó el jueves pasado a las 8:30, presidida por los jueces Antonio Llermanos, Mario Puig y Luis Ernesto Kamada y, tras la lectura de los cargos, la dirigente social dio su testimonio. "Yo nunca amenacé a nadie. Todos saben que cuando tengo que putear, puteo, cuando me tuve que agarrar a piñas, me agarré a piñas, pero nunca amenacé a nadie con una bomba. No es mi léxico", aseguró Sala durante la primera jornada del juicio.

Según el Código Penal, este tipo de delito prevé una pena de seis meses a dos años de cárcel, y de cinco a diez años si los hechos "tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos".

A la líder de la Tupac se le imputa en este caso el delito de amenazas en concurso real por un diálogo telefónico que mantuvo en 2014 con el oficial Rubén Vásquez, de la Comisaría Seccional 56 de Jujuy. En esa dependencia estaba demorada la hija de María Molina,integrante de la organización de Sala, quien había protagonizado un enfrentamiento con una puestera de una feria a quien acusó de robarle las bombachas de su madre para venderlas luego en su local.

Ambas mujeres fueron arrestadas en ese momento pero solo Molina quedó alojada en la comisaria durante varias horas, por lo que, al enterarse de lo sucedido, y sin disimular irritación, Sala se habría comunicado con la seccional en son de protesta. Según la comisaria Ángela Silvina Cabrero, que inició la denuncia, la dirigente kirchnerista amenazó con poner una bomba en el lugar.

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