Volver a la cultura del trabajo
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Volver a la cultura del trabajo

La escandalosa cantidad de pensiones por invalidez que se pagan en algunas provincias es fiel reflejo del auge clientelista y de un oscuro asistencialismo. Diario La Nación

La información sobre serias irregularidades en el otorgamiento de pensiones por invalidez en distintas provincias del país, especialmente en las del Norte, muestra claramente el daño que el populismo y el clientelismo político pueden provocarle a la sociedad, particularmente en distritos cuasi feudales como Santiago del Estero, Formosa o el Chaco.

No es casual que provincias con una oligarquía que aprovecha la debilidad de las instituciones para perpetuarse en el poder, como Santiago del Estero y Formosa, disputen con el Chaco los primeros lugares en los rankings de pobreza y los últimos en calidad educativa o infraestructura sanitaria. Coincidentemente, se trata de provincias en las cuales la creciente penetración del narcotráfico las ha convertido, además, en pistas de aterrizaje de aviones cargados con drogas.

Datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, responsable de tramitar los subsidios, reportan que en la Argentina se pagan actualmente más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez y que éstas alcanzan, en promedio, al 6,9% de la población económicamente activa (PEA), aunque este porcentaje se eleva escandalosamente en algunas provincias. Lamentablemente, el organismo nacional no lleva registros de evolución en el tiempo de estas asignaciones. Sí reconoce que urge sanear las condiciones exigidas, al igual que los criterios de evaluación y asignación, y hacer una completa revisión de casos.

Cabe destacar que en la ciudad de Buenos Aires las pensiones por invalidez sólo alcanzan al 1% del total de la población, en tanto que en provincias como Buenos Aires y Santa Fe apenas superan el 2%.

Y no puede menos que sorprender que el 35% de la población económicamente activa (11% del total de habitantes) de la provincia de Santiago del Estero tenga una pensión por invalidez. O que en Formosa alcancen casi al 32% (10% del total de la población) y en el Chaco, a cerca del 31% (9,8% de todos los habitantes). El correlato de estos guarismos se da en las tasas de inactividad laboral: el 36% de los santiagueños, el 43% de los formoseños y el 45% de los chaqueños no buscan emplearse.

Violando la normativa al respecto, hay familias completas en las que varios de sus integrantes gozan de estas pensiones desde hace más de una década. Hemos de reconocer dolorosamente que muchos niños y jóvenes nunca vieron a sus padres salir a trabajar. La cultura del subsidio ha reemplazado la del trabajo y nadie desea perderlo con la aceptación de un contrato o empleo. La informalidad de una changa ha pasado a satisfacer tristemente cualquier expectativa, los atrapa y prácticamente destierra los sueños de movilidad social.

Tanto el ex gobernador del Chaco y ex jefe de Gabinete nacional Jorge Capitanich como el actual mandatario provincial, Domingo Peppo, se defendían en 2015 ante los casos de mortalidad infantil en la provincia jactándose descaradamente de haber bajado los índices de pobreza del 42% al 8% en los últimos ocho años.

Reiteradamente hemos denunciado que las oligarquías provinciales de régimen feudal necesitan pobres y gente claramente dependiente de sueldos estatales, subsidios o prebendas que aseguren su fidelidad en los comicios para lograr perpetrarse en el poder y seguir alimentando tanto el clientelismo como, en algunas ocasiones, un marcado nepotismo. De más está señalar que la discrecionalidad en las asignaciones afecta a quienes realmente necesitan de ayuda, pues, en muchos casos, nunca verán los fondos que las conveniencias políticas desvían con otras intenciones. Es lamentable la escasa reacción de la dirigencia política ante estas cuestiones, que tanto afectan el porvenir de las nuevas generaciones.

Cambiar sería terminar con estas rémoras de subsidios mal habidos y profundizar las investigaciones para echar luz y juzgar debidamente a los funcionarios y dirigentes que puedan propiciar estas perniciosas irregularidades.

Han pasado muchos años de sistemáticos ataques a la sana cultura del trabajo, reemplazada por un asistencialismo administrado discrecionalmente que sólo conduce al fracaso de cualquier sociedad. Urge, entonces, trabajar para recuperar esta herramienta vital para la dignidad de las personas y el desarrollo de los pueblos.

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