25/07/2016
COMO VIVEN LOS TESTIGOS PROTEGIDOS
Sociedad

COMO VIVEN LOS TESTIGOS PROTEGIDOS

Leonardo Fariña y la familia Pérez Corradi son parte de los casi 300 casos a los que el Ministerio de Justicia les brinda algún tipo de protección en todo el país. Qué garantizan los cambios de nombres y las mudanzas

Es sabido que atestiguar en un juicio penal puede entrañar riesgos difíciles de enfrentar. A tal punto, que en algunas casos resulta imprescindible abandonar todo tipo de cotidianidades y rutinas, adoptar un nuevo nombre, una nueva identidad y trasladarse a una ciudad diferente a vivir una nueva vida.

Claro que la relocalización permanente con cambio de identidad es, en realidad, el recurso más extremo y, por ende, el más inusual: se aplica sólo en casos en el que existe un alto peligro de vida.

De los casos más extremos, algunos se dieron en causas de mucha trascendencia, como la del testigo clave que permitió llevar a la cárcel al sindicalista José Pedraza por el asesinato de Mariano Ferreyra: el testigo fue trasladado a alguna localidad del interior del país, se le cambió la identidad y se le consiguió un nuevo trabajo sin que fuentes allegadas a la causa tuvieran noticias sobre su paradero desde entonces.

Para ingresar al Programa de Protección de Testigos, perteneciente al área del ministerio de Justicia, obviamente es necesario que exista un riesgo cierto, que en general es advertido por las autoridades judiciales que toman la declaración y ofrecen el servicio que debe contar con la aceptación del propio testigo. Ese fue el caso de Bruno Rodríguez Monsalve, un joven de 22 años que en 2012 presenció cómo un grupo de nueve policías abusaba de un adolescente en una comisaría de Trelew. Tras tomarle declaración, la fiscal María Tolomei pidió de inmediato al Ejecutivo provincial que lo relocalizaran, porque su vulnerabilidad era extrema: vivía en un barrio muy humilde y la policía lo tenía identificado. Las autoridades del área de Derechos Humanos actuaron rápidamente, Rodríguez Monsalve ingresó al Programa Provincial de Protección de Testigos y lo reubicaron en Santa Cruz, donde le consiguieron un trabajo. Pero la distancia y la falta de contención hicieron que Rodríguez Monsalve abandonara el programa y volviera a Trelew para visitar a su familia. Pese a que desde la Fiscalía le advirtieron sobre la imposibilidad de asegurar su integridad y los riesgos que corría, el joven prometió volver a Santa Cruz después de festejar un cumpleaños familiar. No llegó a hacerlo: fue asesinado de tres puñaladas a los pocos días.

Pero no todos los casos revisten esa complejidad: para los más leves, el programa prevé medidas como la entrega de un botón de pánico, la custodia al testigo o relocalizaciones temporarias, sin cambio de identidad. Pero que sean más leves no quiere decir que sean medidas menos molestas: así lo entendió un grupo de adolescentes en situación de calle que atestiguaron en una causa de abuso policial y decidió salirse del programa hartas de tener que ir a bailar con la compañía de gendarmes.

La ley nacional dispone una ayuda económica que dura sólo seis meses, pero otras medidas -como la custodia- pueden extenderse por años. El Programa Nacional de Protección a Testigos está a cargo del subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Martín Casares, y atiende unos 300 casos en todo el país.

Tras la desaparición de Julio López, en 2006, hubo un aumento importante en la cantidad de testigos de juicios por delitos de lesa humanidad que ingresaron en el sistema: llegaron a representar cerca del 40% de los testigos protegidos, pero en la actualidad la cantidad bajó al no abrirse nuevos juicios de lesa humanidad y por pedido de los propios protegidos por las molestias que les acarrea tener que avisar sus movimientos o tener custodia las 24 horas.

De hecho, esa es una de las principales causas por las cuales los testigos protegidos dejan de ser tales: sólo con la decisión alcanza para abandonar el programa. Muchos se retiran porque dejan de sentirse en peligro, porque dejan de recibir amenazas o confiados porque las causas en las que declararon llegan a una sentencia condenatoria y los posibles atacantes están tras las rejas.

Los 300 casos activos a nivel nacional surgen del relevamiento que realizaron las nuevas autoridades: hasta entonces, el programa creía tener 700 testigos en custodia, pero tras un chequeo se detectó que muchos testigos se habían mudado, que había casos duplicados y que otros habían decido abandonar el programa pero nunca habían sido dados de baja. La notable diferencia entre los casos reales y los que figuraban en los registros, casi el doble, pone de manifiesto y alerta sobre el criterio con el que se manejan los casos: se admitían con poco análisis y no se tomaban medidas reales de protección, como lo sería un seguimiento exhaustivo, riguroso y de actualización.

En los últimos años, con la mayor concientización social, aumentaron los casos de testigos que ingresaron al sistema por causas de trata de personas y de violencia de género: los jueces investigan más y, por lo tanto, más gente quiere declarar. El aumento de testigos también sucedió en los últimos meses con las causas de narcotráfico.

El Programa de Protección incorporó a dos testigos resonantes en el último tiempo: Leonardo Fariña primero e Ibar Pérez Corradi y su familia después. Ambos fueron ingresados mientras estaban presos, por lo que las primeras medidas pasaron por garantizar su seguridad personal en el penal. Ahora que está libre, Fariña debe avisar de sus movimientos y se intenta limitar su exposición pública. Lo mismo ocurre con la esposa de Pérez Corradi. Sin embargo, la decisión final siempre es del testigo, por lo que cuando, por ejemplo, quieren ir a un bar, se les pide que se sienten lejos de ventanas y puertas. Un abogado relacionado con una de las causas contó que llegó a ser tabicado para poder ir a visitar a su cliente.

Tanto desde el Ejecutivo como desde el Poder Judicial señalaron aInfobae la necesidad de sistematizar el accionar del programa, con el establecimiento de protocolos y manuales de procedimientos. Una falencia recurrente es la falta de contención a quienes ingresan para que no pongan en riesgo su vida. En algunas provincias, los errores sirvieron para forzar mejoras, como sucedió en Chubut con el caso de Rodríguez Monsalve. A nivel nacional, la ley aprobada en 2003 aún no fue reglamentada, pero desde el Gobierno aseguran que tomaron cartas en el asunto y que pronto saldrá el decreto reglamentario.

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